En un encuentro virtual organizado este lunes 18 de mayo por la Red Argentina de Periodismo Científico (RADPC), la fiscala de Estado de La Pampa Romina Schmidt anunció que la provincia tiene la intención de ir hasta la Corte Suprema para que no se aplique la recién reformada Ley de Glaciares.
El argumento es que es una norma inconstitucional, que supone una regresión ambiental y que perjudica el acceso de los pampeanos al agua potable. En una primera instancia, un amparo presentado por la provincia fue rechazado, y ahora se espera una resolución de la Cámara Federal de Bahía Blanca. De ahí podría escalar al principal tribunal del país.
Las definiciones se dieron dentro de la sesión virtual «Claves para entender el amparo ambiental de La Pampa a la reforma de la Ley de Glaciares», en la que también participaron Vanina Basso, secretaria de ambiente y cambio climático de La Pampa, y Carolina Aumassanne, investigadora del INTA 25 de Mayo, al sur provincial, así como miembros de la RADPC.
Basso añadió detalles de la «memoria hídrica dolorosa» que tiene la provincia por la pérdida del Río Atuel a manos mendocinas, en un conflicto de décadas que condenó al oeste pampeano a la despoblación. Y, como vicepresidenta del Comité Federal de Ambiente (Cofema, que reúne autoridades ambientales de las provincias), advirtió del peligro del retroceso ambiental en otras normas, como la Ley de Bosques.
Por último, Aumassanne dio detalles de cómo la cuenca del Río Colorado -que puede afectarse por la explotación de glaciares en Mendoza- da de beber al 50% de la provincia, así como de las investigaciones científicas que realizan con distintos organismos.